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Nueva LRT - La jurisdiccion en la interpretacion medica

El juez del fuero nacional del Trabajo Alejandro Aníbal Segura declaró la ‘inconstitucionalidad‘ del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece que todos los trabajadores que sufran accidentes laborales deberán presentarse ante Comisiones Médicas Jurisdiccionales antes de presentar denuncias judiciales contra sus empresas. 
El magistrado, que subroga el juzgado Nacional del Trabajo N° 41, adelantó además que sus cuestionamientos al decreto presidencial alcanzan también a la ley sancionada la semana pasada por el Congreso luego de que el Poder Ejecutivo enviara un proyecto que modifica al sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
La situacion del DNU (y aun la actual) condena al retraso en el reclamo por accidentes de trabajo, ya que veta al SECLO la recepcion de asuntos siniestrales sin que se haya reglamentado una via que posibilite obviar a las comisiones medicas yendo en forma directa a los Magistrados para obtener declaracion de inconstitucionalidad y reparacion judicial. El sistema judicial con su bilateralidad y el control del Ministerio Publico garantiza principios liminares de justicia y exime de mayores dispendios -como la organizacion y sostenimiento de comisiones especiales con rango decisorio encarnados en una burocracia agotante de la voluntad justiciable.-
Por su parte, la aparicion de la Ley 27348, que hizo evidente lo innecesario y apresurado del DNU, plasmo con fuerza de ley la situacion supra descripta.
Ello no le confiere, sin embargo, encuadre Constitucional ni mucho menos una jerarquia no lesiva de los derechos garantizados en nuestra ley fundamental.-
El Colegio Público de Abogados pidió la inconstitucionalidad de la Ley de ART.
El Cpacf reclama la suspensión de la aplicación de la norma que fue publicada en el Boletín Oficial. Considerando que la medida "limita su derecho laboral, restringe sus honorarios y la facultad de pactarlo libremente" con los trabajadores.


Tal como expresa el quejoso (en este caso el CPACF) la ley "...contradice dos fallos de la Corte" y "crea una instancia administrativa previa" para los trabajadores que, encima, "cuenta con un plazo de 60 días hábiles para expedirse, pudiendo este plazo prorrogarse sin que determinen cuál sería el límite".
En cuanto a lo "discriminatorio" de la ley, explicó que "los trabajadores en negro no pasarían por esta instancia, sino que pueden ir directamente a la Justicia laboral"dado que "no tienen que probar la relación de dependencia con la empresa".

Accidente de Trabajo

Un Decreto de Necesidad y Urgencia modifica el regimen de la ley de Riesgos de Trabajo y obliga a someter la cuestion a una comision medica con facultad decisoria.-
A su vez el nuevo regimen instaura y crea un "Servicio de Homologacion" -similar al SECLO- que seria la autoridad administrativa maxima en temas relativos a accidentes laborales.
Una vez mas se traslada la cuestion, yendo a evitar una supuesta "judicialidad" (un derecho constitucional y legal basico) en lugar de apuntar a disminuir la "siniestralidad" (un derecho humano basico).

Si ha sufrido un accidente y no quiere someterse a este nuevo regimen inconstitucional, que deroga una ley por un decreto y establece un comitee especial constituido por la propia junta medica que cuantifico la incapacidad, no lo dude y consultenos.
Somos especialistas en derecho laboral y accidentes de trabajo con una enorme experiencia en el campo.-

De las DJAI a un nuevo laberinto?

Las DJAI son las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación. Nacieron en 2012.

En su lugar se instauro un nuevo sistema, el SIMI. La nueva norma establece que los importadores deberán presentar la información solicitada a través de la página de la AFIP, y el organismo deberá emitir una respuesta en no más de 10 días.
La decisión fue publicada hoy en el Boletín Oficial a través de la Resolución General 3823 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Según el artículo 2 de la Resolución, "las declaraciones efectuadas a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) tendrán un plazo de validez de ciento ochenta días corridos, contados a partir de la fecha de su aprobación".
Si bien se eliminó el recargo del 35%, sigue vigente el cupo de compra por persona y la mercancía adquirida debe retirarse en la Aduana. Se iría a un esquema más flexible

La libre asociacion sindical - el derecho de huelga y los derechos individuales segun la CSJN


Un caso paradigmatico, tratado por el Maximo Tribunal en un fallo que abre (o cierra) derivaciones juridico-sindicales.
Se trata del caso de un trabajador despedido por participar de una huelga no convocada por el sindicato. Luego de meses de deliberaciones y pese al fallo positivo de la Cámara especialista en la materia, el máximo tribunal le dio la razón a la empresa.
La huelga es un derecho encorsetado. Fue parido a desgano y hasta el día de hoy se lo sigue cercenando, recortando, aplazando.
El más reciente embate llegó desde la Corte Suprema. Desde que Francisco Orellano fue despedido por participar de una huelga, su reclamo pasó por tres instancias. El primer juez le dio la razón; el tribunal de alzada también. Ambos, especializados en el estudio de la legislación laboral, entendieron que si varios trabajadores se reúnen, debaten y deciden declararse en huelga, tienen todo el derecho a hacerlo.
Pero la Corte dijo que no. Y como máximo tribunal que es, sentó un precedente peligroso y restrictivo. Según el fallo, al no haber estado los huelguistas organizados en un sindicato, no tenían derecho a protestar.

Fuente: notas.org.ar (Federico Dal Ponte)

Proponen bajar las comisiones inmobiliarias para los alquileres de viviendas


La diputada María Magdalena Tiesso presentó un proyecto de ley para que no superen el monto de un mes de alquiler. 19 de abril de 2016 La legisladora María Magdalena Tiesso (FpV) presentó un proyecto de ley para que las comisiones inmobiliarias no superen el monto de un mes de alquiler

Para la Corte, no es laboral la relación entre un centro asistencial y los médicos anestesiólogos contratados a través de la asociación a la que se encuentran adheridos

Fuente CIJ
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto este jueves la sentencia de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictada en la causa “Cairone, Mirta Griselda y otros c/Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires - Hospital Italiano”, que había hecho lugar a la demanda de indemnizaciones y otros créditos laborales sobre la base de considerar que había existido relación de dependencia entre un médico anestesiólogo (Dr. Estala, hoy fallecido) y el Hospital Italiano, donde había desarrollado su actividad a través de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA). En su decisión, la cámara partió de la premisa de que “el hecho de la prestación de servicios” por parte del profesional hacía “presumir la existencia de un contrato de trabajo” (tal como lo establece el art. 23 de la ley de contrato de trabajo). Entendió que la configuración de esa modalidad contractual quedaba corroborada mediante las pruebas producidas de las que surgía que el médico había formado parte del engranaje empresario del centro de salud por haber estado sujeto a órdenes, a diagramas horarios y de guardias y a controles de concurrencia.

Condenan a un hombre a dos años de prisión por amenazar a su ex pareja en reiteradas ocasiones

El Ministerio Público Fiscal de la Nación -MPFN – informó que el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 23 de la Capital Federal condenó a un hombre a dos años de prisión por amenazar a su ex pareja en reiteradas ocasiones. En estas actuaciones intervino el Fiscal Fabián Céliz. noticiasjudiciales.info reproduce texto difundido por el MPFN: “El Tribunal Oral en lo Criminal Nº23 condenó a dos años de prisión en suspenso a un hombre que amenazó en reiteradas ocasiones a su ex pareja. Edgardo Longo reconoció, mediante un juicio abreviado acordado con el fiscal Fabián Céliz, ser culpable de las amenazas y de violar la prohibición de acercamiento que le había dictado la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. El 4 de noviembre de 2011, a las nueve de la mañana, Longo entró a un comercio ubicado en Salta e Independencia, donde trabajaba su ex pareja. Allí, comenzó a increparla y a gritarle: “Te voy a matar; te voy a quemar la casa; te voy a matar a la nena; te voy a romper todo el negocio así te echan a la mierda”. Instantes después fue detenido por la policía y frente a los efectivos, exclamó: “Sé dónde vivís, me las vas a pagar”. A partir de ese hecho, la Unidad Fiscal Sudeste del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le dictó ese mismo día una prohibición de acercamiento. La medida consistía en no poder acercarse a 300 metros de la casa o del trabajo de la víctima y también abarcaba tomar contacto con por cualquier medio. No obstante la orden judicial, diez días después, Longo fue hasta el estacionamiento de un gimnasio en Constitución donde la víctima solía ir. Allí, intentó abrazarla y luego subirla a un auto. La mujer lo evadió pero al salir del local, el hombre la estaba esperando y la persiguió por dos cuadras. “Si llego a verte con otro, te mato” le expresó. El 5 de diciembre de ese año, Longo volvió al gimnasio. “Aunque tenga que obligarte, vas a volver conmigo. Te voy a seguir a todas partes, no te voy a dejar respirar”, le dijo a la víctima mientras la tomaba del brazo. Al día siguiente, la llamó y continuó con las amenazas, algo que se repitió el 12 de diciembre, cuando fue a increparla otra vez al gimnasio y la empujó contra una reja. La mujer logró escapar y se dirigió hacia la estación de trenes de Constitución, donde Longo la estaba esperando y le advirtió que volvería al día siguiente a menos que ella accediera a volver con él. El 13 de diciembre, el hombre le mandó más de 20 mensajes de texto, refiriéndole que estaba cerca de su trabajo y que iba a continuar con su actitud. “Pensá bien lo que vas a hacer, tonta” le escribió. En línea con el fiscal, los jueces Javier Anzoátegui, Luis María Rizzi y Carlos Alberto Rengel Mirat consideraron que los seis episodios constituyeron un anuncio de “un mal grave e inminente” y que su objetivo era “obligar a la víctima a hacer u omitir acciones en contra de su voluntad”. Además de la condena, los magistrados le dictaron una prohibición de acercamiento y de contacto con la víctima por cuatro años”.